En mi último artículo, escrito el mes
pasado, recé el Artículo 19 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
leal reflejo del Principio de la Autonomía de la Voluntad consagrado en
nuestro Código Civil.
Y así volví al Arbitraje como eficaz herramienta para la resolución extrajudicial de conflictos, a la que el propio meritado artículo legal menciona expresamente previendo poder acudir a ella las partes, incluso ya entablado y en tramitación un procedimiento judicial, cuando las partes, voluntariamente, a ella se someten.
Y
ello es así también conforme prevé su propia norma: norma que con rango de ley regula el Arbitraje, LEY 60/2003.
Artículo
9 Forma y contenido del convenio
arbitral
1. El convenio arbitral, que
podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo
independiente, deberá expresar la voluntad
de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias
que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual.
2. Si el convenio arbitral está
contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su
interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de
contrato.
3. El convenio arbitral deberá
constar por escrito, en un
documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas,
télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.
Se
considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea
accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro
tipo.
4. Se considerará incorporado al
acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al que
éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado
anterior.
5. Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de
escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y
no negada por la otra.
6. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será
válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los
requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para
regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de
la controversia, o por el derecho español.
